Puerto Rico tiene un método conservador para selecciones sus jueces. Todos los 386 jueces del sistema judicial los nombra el gobernador y los confirma o rechaza el senado. Solamente dos estados en Estados Unidos utilizan ese método, que fue herencia de la monarquía británica del siglo 18. Los otros 48 usan métodos diferentes. Gran parte usa el método de elección por voto popular. Los jueces se presentan como candidatos a elecciones para el puesto, ya sea de manera independiente o afiliados a un partido político. Algunos estados no permiten que pertenezcan a partidos políticos. Otros estados utilizan una comisión de nombramientos que hace una búsqueda, celebra entrevistas y propone una lista de personas para que el gobernador escoja una. Otros estados sacan al gobernador del proceso y son los legisladores quienes escogen a los jueces. 

El tiempo de permanencia en el puesto también varia considerablemente. La costumbre tradicional de que los jueces ocupen sus cargos de por vida ha ido desapareciendo, pero aún se conserva en varios estados. En Puerto Rico su término expira a los setenta años. Muchos estados han limitado los términos a diez años, con y sin reelección. Tambien se usa el método del referéndum popular al año de ocupar el puesto para confirmar su permanencia a largo plazo. En otros casos se hace al final del mandato para decidir si tendrá un nuevo término. Se conocen como elecciones de confirmación o retención. Este sistema de mérito es complicado, pero permite descartar a jueces malos antes de que asuman la permanencia. 

Todos los métodos buscan reducir la influencia de los partidos políticos en las decisiones de los tribunales. Unos han tenido mayor éxito que otros, pero en todos está en juego la independencia de la rama judicial. Un gobierno en el que el poder judicial no tiene voluntad propia, sino que obedece al poder ejecutivo o al legislativo, es incapaz de impartir justicia de manera imparcial. Ha sido la estrategia de presidentes antidemocráticos como Daniel Ortega en Nicaragua o Nayib Bukele en El Salvador. En la medida en que los tribunales reduzcan su independencia, en esa misma medida se reducirá la democracia del país. En cambio, un proceso despolitizado y racional aumenta la independencia de la rama judicial y, por consecuencia, mejora la democracia.

Al método de selección por el gobernador que usamos en Puerto Rico se le podrían hacer varios cambios, algunos de los cuales no requerirían de enmiendas constitucionales. Se podría exigir que la votación para confirmación fuera de dos terceras partes, para que hubiera consenso multipartidista. Por otro lado, los tribunales inferiores podrían nombrarse de otra manera sin enmendar la constitución y el proceso serviría de experimento para luego decidir si se aplica al tribunal supremo.

En resumen, el sistema judicial de Puerto Rico necesita de reformas urgentes y hay que comenzar por el método de nombrar los jueces. Debemos aspirar a reducir la discreción personal de los nominadores y aumentar el peso del mérito, porque si nuestros tribunales pierden su independencia, perdemos todos.