La corrupción de los supuestos servidores públicos produce enormes costos sociales, económicos y políticos. Las impactantes noticias de los arrestos de alcaldes, ayudantes y empresarios se centran en la ética personal de los individuos. El estilo de vida extravagante de alcaldes y empresarios, costeado con fondos del pueblo, les produce indignación a muchas personas. Sin embargo, en la medida en que esos hechos se repiten en varias administraciones de gobierno, la indignación se va tornando en frustración y de ahí en resignación. Una vez se acepta la corrupción como algo inevitable, que todos hacen, se generaliza la opinión de que la política es en esencia, ontológicamente, corrupta. En ese momento gran parte de la población se retira de la participación política, empezando con dejar de votar. Por lo tanto, la corrupción en el gobierno afecta negativamente la cultura política de un pueblo. 

Por otro lado, grandes sectores de la burocracia se desmoralizan al ver como se favorece a personas sin escrúpulos para ascensos y posiciones de dirección. El principio del mérito se reemplaza por el principio del cómplice. Es que los esquemas de corrupción no involucran solamente al puñado de acusados formalmente, sino que dependen de que otras personas participen o se hagan de la vista larga. Corroen, por lo tanto, la administración pública del país.

Los alcaldes y empresarios arrestados no se preocuparon en diseñar sistemas complicados para esconder sus fechorías. Sencillamente, le llevaban dinero y objetos lujosos a los alcaldes para sobornarlos a cambio de obtener contratos. Esa práctica, la forma más burda de corrupción, se generalizó en varios municipios. Reina un sentido de impunidad y desprecio a la ley entre un gran sector de la clase política puertorriqueña, que ya ni se molesta en disimular su falta de escrúpulos. La corrupción institucionalizada, como la que hemos descubierto en estos días, deteriora la clase política y desilusiona a potenciales políticos bienintencionados que en otro contexto participarían. 

La corrupción también elimina la libre competencia entre empresarios por la obtención de contratos del gobierno, que es el mayor comprador de bienes y servicios en cualquier país. Por lo tanto, se reducen los incentivos de crear eficiencias que mejoren la competitividad entre rivales. En la medida en que los favoritismos y los mecanismos irregulares controlen la adjudicación de proyectos, se propicia una cultura empresarial deficiente.

Los políticos y empresarios corruptos son unos Robin Hoods a la inversa: les roban a los pobres para dárselo a los ricos. Los sobornos y los beneficios materiales ilícitos se suman a los costos de los contratos y aumentan los precios de los servicios o bienes que se provean. Al ser más caros, se le ofrecen menos servicios a la población. Se desperdicia 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en corrupción, de acuerdo con el Banco Mundial. Si estimamos conservadoramente que en Puerto Rico es solamente el 1% del PIB, concluimos que se pierden en corrupción al menos un billón de dólares anuales. 

Los costos de la corrupción son reales e inmensos. No la normalicemos.