El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas debe solicitarle a la Asamblea General que derogue la Resolución 748 de 1953. Esa resolución declaró que Puerto Rico había alcanzado el gobierno propio por un acuerdo con los Estados Unidos y que había dejado de ser colonia, o territorio no autónomo. Desde entonces el gobierno estadounidense no tuvo que rendirle cuentas a la comunidad internacional sobre el estatus político de Puerto Rico.
Durante muchas décadas, numerosas personalidades puertorriqueñas reclamaron la invalidez de la Resolución 748, alegando la falsedad de las premisas sobre las que se sustentaba. El Comité de Descolonización, desde el 1972, ha señalado que Puerto Rico no se ha descolonizado, pero no ha declarado nula la 748.
En el año 2016 todo cambió y se descorrió el velo de la duda con el caso Sánchez Valle y la ley PROMESA. Los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, hablaron a una sola voz. El Tribunal Supremo de Estados Unidos utilizó el caso Sánchez Valle, que solicitaba se le retiraran a dos acusados los cargos en el tribunal de Puerto Rico alegando doble exposición, para actualizar su política territorial. Como ha sido su costumbre desde los casos insulares de principios del siglo 20, el Tribunal Supremo definió el estatus de Puerto Rico a través de su jurisprudencia. Y habló claro. Declaró que Puerto Rico no tenía soberanía propia, que su soberanía residía en el Congreso y que el gobierno federal podía revocar la autonomía del gobierno de Puerto Rico en cualquier momento y de manera unilateral. Si no fuera suficiente, el Departamento de Justicia declaró en el mismo caso que Estados Unidos no había cedido nunca su poder sobre Puerto Rico y que el Estado Libre Asociado no se había fundado sobre un pacto.
Algunos en Puerto Rico diseñaron interpretaciones jurídicas para asegurar que Sánchez Valle no implicaba la invalidez del alegado acuerdo mutuo de 1952. Sin embargo, la aprobación de la ley PROMESA disipó cualquier duda sobre la verdadera relación política con Estados Unidos. La justificación teórica, los mandatos concretos y la aplicación de la ley establecieron sin ambigüedades que el gobierno propio de Puerto Rico representó una concesión del Congreso y que podía revertirse en cualquier momento, sin consultar a los puertorriqueños. No hay manera de definir esa relación como un pacto. En esta relación entre dos, una de las partes toma todas las decisiones y la otra asume todas las consecuencias.
La Resolución 748 de 1953 se basó en que los Estados Unidos y Puerto Rico alcanzaron un acuerdo político. En el 2016, el propio gobierno federal lo desmintió. La 748 también indicó que a Puerto Rico se le había investido de atributos de soberanía. En el 2016, el Tribunal Supremo declaró que Puerto Rico nunca la tuvo. De acuerdo al tribunal, la soberanía dual compartida con el gobierno federal sólo la tienen los estados, los territorios no tienen ninguna.
En este desfile anual de deposiciones de políticos de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización, la consecuencia lógica de las acciones recientes del gobierno federal y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal no puede ser otra que reclamar la derogación de la Resolución 748 y el regreso de Puerto Rico a la lista de territorios no autónomos.